Ernesto Selman y Rafael Fornet
julio 10, 2014
Introducción
Durante los últimos quince años en Venezuela se adoptó un sistema político con alto intervencionismo estatal en todos los ámbitos de la vida en sociedad, que sus promotores denominaron “Socialismo del Siglo XXI”. El orden institucional se tornó altamente discrecional para aplicar políticas populistas clientelares, ejerciendo un poder casi hegemónico por el uso de la fuerza o la amenaza del uso de la fuerza. Las libertades política, económica y civiles se han visto cada vez más restringidas, dado que el régimen ha interpretado, cambiado y acomodado la constitución y las leyes a los intereses del grupo gobernante. Esto ha provocado abuso de poder político, corrupción rampante, altos niveles de inseguridad ciudadana, escasez, inflación, restricción a los derechos de asociación y expresión, entre otros.
El régimen autoritario chavista ha concentrado el poder a través del control de las instituciones políticas y la toma de la economía mediante controles de precios y cambiarios, expropiaciones, la dirección del crédito y la explotación de la empresa estatal petrolera, entre otras medidas. En noviembre del 2013 entró en vigencia una Ley Habilitante otorgando poder casi ilimitado y discrecional al Presidente de Venezuela para emitir decretos con fuerza de ley. En definitiva, la concentración de poder se ha alimentado de sofocar los derechos individuales de los ciudadanos. Los venezolanos iniciaron protestas desde inicios de febrero del presente año que todavía siguen en pie. Lo que presenciamos es una crisis económica, social y política sin precedentes en ese país. No se vislumbra una salida fácil ni rápida, lo que implicará mayor deterioro de la libertad y, consecuentemente, una reducción en la calidad de vida de los venezolanos.
Violación a la propiedad privada
El poder se ejerce sin tomar en consideración los principios económicos más básicos, como el respeto a los derechos de propiedad. Se estima que bajo el régimen de planificación centralizada se han expropiado o estatizado más de 50.000 propiedades entre fincas (pequeñas, medianas y grandes), industrias y comercios, entre otros, sin compensación por valor de mercado. Durante los últimos 15 años se han expropiado empresas o sectores completos: electricidad, telecomunicaciones, banca y finanzas, petróleo y tecnología, entre otros. En noviembre de 2013 se estatizaron dos plataformas petroleras, alegando razones de utilidad pública y de interés “social”.
Bajo el régimen chavista, el Estado venezolano se convirtió en empresario, importador, comercializador y fijador de precios de los más diversos bienes y servicios. Sin embargo, laescasez de productos básicos está a la orden del día. La historia registra el desastre económico que significa una sociedad que fundamenta su economía en las directrices y manejo de los medios de producción desde el Estado.
Con la justificación de que los emprendedores son malandros que sólo obtienen beneficios explotando al prójimo, el régimen chavista ha controlado gran parte de la economía; ha distorsionando el consumo, el ahorro, el crédito, la inversión y la producción. En febrero de este año, el Presidente de Venezuela se expresó de esta forma: “No me subestimen, sectores de la burguesía. Vamos a expropiar a quienes tengamos que hacerlo”. Esto se hace para combatir una “guerra económica” imaginaria que ha enarbolado el régimen chavista desde sus inicios para justificar sus acciones.
Ambiente de negocios
Desde los inicios del régimen chavista ha habido un ataque frontal a la economía de mercado, imponiendo trabas, barreras y altos costos ocultos que promueven cada vez menor inversión, producción, generación de empleos y de riquezas. El ambiente de negocios en Venezuela se ha deteriorado e introduce incertidumbre por las expropiaciones, censuras a la libertad de asociación y despilfarro de recursos que utiliza el régimen chavista para concentrar el poder a través del populismo y el clientelismo.
En publicaciones como Haciendo Negocios del Banco Mundial y el Informe de Competitividad Global del Foro Económico Mundial, Venezuela se sitúa como uno de los países con mayores trabas para hacer negocios. La embestida al funcionamiento de la economía de mercado es una de las principales razones de la crisis económica, social y política que vive Venezuela. Esto sucede porque los incentivos a incursionar en actividades económicas se desvanecen y se producen menor cantidad de bienes y servicios; se genera escasez que resulta en necesidades humanas insatisfechas. El desempleo de factores de producción implican menores salarios, alquileres e ingresos para diversos segmentos de la sociedad.
Como observamos en los cuadros No. 1 y No. 2, Venezuela se encuentra en posiciones muy desventajosas con respecto a la gran mayoría de países en el planeta con respecto al ambiente de negocios. En lugar de generar más riquezas, en Venezuela se han derrochado recursos limitados para la producción y han salido recursos financieros que podían traducirse en inversión de capital en ese país.
| Cuadro No. 1: Informe de Competitividad Global 2013-2014 (148 países) | |
| Indicador | Posición |
| Fortaleza del mercado de bienes | 148 |
| Mercado financiero | 135 |
| Mercado laboral | 148 |
| Marco institucional | 148 |
| Fuente: Informe de Competitividad Global 2013. | |
| Cuadro No. 2: Informe Haciendo Negocios 2014 (189 países) | |
| Indicador | Posición |
| Protección de los inversionistas | 182 |
| Trámites para comenzar un negocio | 157 |
| Pago de impuestos | 187 |
| Intercambio comercial | 173 |
| Obtención de servicio eléctrico | 167 |
| Fuente: Informe de Competitividad Global 2013. | |
El ataque a la economía de mercado sólo se ha utilizado para centralizar el poder y tratan de ejercerlo de manera hegemónica. Pero, debe reconocerse que hay mucha ignorancia con respecto a cómo funciona un sistema económico donde sólo se obtienen ganancias si se satisface a los consumidores (las masas) y en el cual, si los emprendedores no sirven a “las masas”, sufren pérdidas. El capital, el trabajo y los recursos de la naturaleza son factores de producción complementarios, donde uno depende del otro para lograr bienes y servicios que satisfacen necesidades humanas.
La historia demuestra que es imposible tratar de dirigir una economía a partir de una persona o un grupo de personas, dado que la información de los factores productivos disponibles, demandas y valoraciones de consumidores, entre otros, está dispersa entre miles y millones de personas.
En un sistema económico que no se garantizan los derechos de propiedad no surge el sistema de precios que resuelve problemas de coordinación en la sociedad. Este sistema: (1) Promueve la producción de bienes que realmente valoran las masas; (2) coordina el mejor uso de factores limitados de la producción; y (3) permite coordinar la remuneración a los dueños de factores de la producción, incluyendo el factor trabajo (salarios). Si no funciona el sistema de precios, la coordinación de las actividades económicas se hace imposible; se sustituye el intercambio voluntario y pacífico por relaciones económicas conflictivas.
Un sistema de precios distorsionado, como el que existe en Venezuela, implica el despilfarro de recursos escasos y valiosos que pueden ser utilizados de mejor forma para satisfacer demandas y necesidades humanas. La mejor política social de cualquier gobierno es crear un ambiente de negocios que promueva la inversión, la producción, y la generación de más y mejores empleos productivos, redundando todo ello en más riquezas disponibles y una mejor calidad de vida.
Industria petrolera
Venezuela cuenta con las mayores reservas verificadas de petróleo en el mundo y los ingresos por venta de este producto representan la principal fuente de ingresos del Estado venezolano. En efecto, los ingresos petroleros representan un 65,7% de los ingresos fiscales; por esto, se señala que el Estado venezolano es un “Petro-Estado”. Por otro lado, las exportaciones petroleras representan 96,6% de las exportaciones totales de bienes, según datos del Banco Mundial. Estas variables evidencian la importancia que significa la industria petrolera para la economía venezolana y lo vulnerable que puede ser una sociedad cuando los que ostentan el poder se subrogan el derecho de disponer de esos recursos. Con instituciones débiles, la discrecionalidad, los privilegios y la corrupción forman parte de la ecuación en la industria petrolera que, dada su importancia, afecta a toda la sociedad.
La empresa que maneja la industria petrolera es la estatal Petróleos de Venezuela S.A.(PDVSA), que surgió en 1976 a partir de la nacionalización de esta industria en 1975. PDVSA ha sido la “vaca lechera” del régimen chavista para aplicar su política populista y clientelista. A pesar de representar un pilar de las finanzas públicas, se han dejado de realizar inversiones y mantenimiento a la infraestructura, trayendo como consecuencia una reducción de la producción diaria de crudo.
La producción actual de PDVSA fue de unos 2,3 millones de barriles por día en abril del año en curso. Esto representa casi una tercera parte menos de la alcanzada en 1997, cuando se producía en torno a los 3,3 millones de barriles diarios. De los 2,3 millones de barriles por día, alrededor de 200.000 se exportaron a los países que suscriben el acuerdo de Petrocaribe y 800 mil barriles fueron consumidos localmente; los casi 1,3 millones de barriles diarios restantes se exportaron al resto del mundo. Las ventas de PDVSA a EE.UU. se han reducido al nivel más bajo en 28 años y buena parte de la producción se exporta a China para servir una deuda estimada en US$40.000 millones.
Con los altos precios del petróleo desde 20005 hacia acá, el régimen chavista no pudo acumular recursos en el Fondo de Estabilización Macroeconómica (FEM) debido a sus políticas populistas clientelares. La gasolina se vende al público a unos cinco centavos de dólar por galón, lo que representa un subsidio generalizado que aporta al déficit fiscal (en Venezuela, la gasolina es más barata que el agua embotellada). Este precio por debajo de los costos de producción representa un subsidio de más de $25.000 millones anuales.
El déficit de PDVSA que ha generado una política populista y clientelar ha pesado sobre el desarrollo de la industria petrolera y aporta la mayor parte del déficit fiscal venezolano. Esta empresa ha sido una de las más afectada por la burocratización del Estado venezolano, ya que su nómina se ha incrementado de 34.000 trabajadores en 2003 a 104.000 en 2012. De hecho, la deuda de PDVSA con el Banco Central de Venezuela (BCV) hasta abril del presente año ha crecido un 399% con respecto a diciembre del 2011, situándose en $76.000 millones al tipo de cambio oficial.
Ingresos, gasto y deuda públicos
Uno de los factores claves para centralizar el poder en Venezuela es que el Estado obtiene casi dos terceras parte de sus ingresos de la renta petrolera (tributarios y no tributarios) y los ingresos fiscales por concepto de impuestos no-petroleros a ciudadanos representan sólo un 34,3% de los ingresos fiscales. Al no tener que cargar constantemente a los ciudadanos con mayores impuestos para financiar más gasto público, el despilfarro de recursos limitados se hace más fácil. El régimen chavista ha mantenido una política fiscal irresponsable en la medida que mayor gasto público deficitario se traduce en mayor deuda con acreedores en el exterior (principalmente China) y a lo interno (principalmente con el BCV).
Los déficit fiscales se han presentado a pesar del incremento del precio del petróleo, que resultó en mayores ingresos para el Estado. El problema se concentra en un gasto público improductivo, acompañado de transferencia de rentas a grupos particulares con mecanismos poco transparentes. También, subsidios generalizados como el del combustible y la electricidad, entre otros bienes y servicios básicos, implican un mayor gasto público. El resultado del alto gasto público deficitario se muestra en la Gráfica No. 1; para 2012 el déficit fiscal alcanzó 16,6% del PIB y se situó en 15,1% el año pasado.
La última información detallada que ofrece el Ministerio de Finanzas de Venezuela (2012) indica que el gobierno central tenia un déficit de 4,9% del PIB, explicando el 30% del total; los restantes 11,7 puntos porcentuales se explican por las instituciones autónomas y, principalmente, PDVSA. Altos déficit fiscales que implican cada vez mayor deuda pública en un país donde existe consumo de capital y no generación de riquezas se traduce en una senda de insostenibilidad económica; cuando ello se financia por emisión de dinero sin respaldo, la situación es más crítica porque genera una alta inflación de precios.
Controles cambiarios
Los controles cambiarios han distorsionado las distintas actividades económicas en Venezuela desde hace más de 10 años. Los controles han promovido una mala asignación de recursos escasos en la economía hacia sectores, industrias y grupos preferidos del régimen chavista; el gobierno ha elegido ganadores y perdedores al asignar las divisas en el mercado. En Venezuela existe un complicado sistema cambiario que actualmente se compone de cuatro tipos de cambio:
- CADIVI (Bs. 6,3 por US$): En 2003 se creó la Comisión de Administración de Divisas (CADIVI) como mecanismo centralizado de oferta de dólares para controlar el tipo de cambio. Con las políticas monetarias y fiscal adoptadas, el tipo de cambio se sobrevaluó y fue obvio que los controles habían fracasado. Este tipo de cambio se utilizaba para ciertas importaciones de productos de primera necesidad, divisas para viajeros y estudiantes en el exterior.
- SICAD (Bs. 11,3 por US$): Debido a las distorsiones que crearon los controles cambiarios y la centralización del mercado de divisas, a finales del 2013 se creó el Sistema Cambiario de Divisas (SICAD). La idea era crear un sistema alternativo para introducir un mecanismo de subasta con mesas de negociación de divisas donde participarían ciertos ofertantes y demandantes del mercado. Lo más importante es que el mecanismo anterior se mantuvo para la importación de ciertos bienes y servicios, creando mayores distorsiones.
- SICAD II (Bs. 50 por US$): A principios del 2014, se implantó el Sistema Cambiario de Divisas II (SICAD II). Similar al SICAD (I), este mecanismo opera como subastas entre ofertantes y demandantes de dólares con el fin de ampliar aún más la oferta de dólares. Sin embargo, los generadores de dólares privados no han confiado en declarar al Estado las divisas que obtienen por temor a expropiaciones y ataque a sus negocios. En diferentes fuentes periodísticas se ha indicado que el SICAD II ha podido satisfacer sólo un 30% de las demandas de divisas.
- Mercado paralelo o mercado “negro” (Bs. 70 por US$): La mayor parte de las transacciones de divisas se realizan en el mercado paralelo o mercado negro. No se puede denominar mercado libre porque está restringido por regulación estatal y penalizado por las autoridades. Las restricciones de hacer transacciones en este mercado implica un costo oculto muy alto para hacer negocios y planificar la producción en Venezuela; la incertidumbre implica menores inversión, producción, generación de empleos y de riquezas.
Llama la atención la dispersión que existe entre el mecanismo inicial de controles cambiarios (CADIVI) al Bs. 6,3 por US$, versus el mercado paralelo al Bs. 70 por US$. Esto introduce incentivos de obtener rentas fuera de mecanismos de mercado al tratar de comprar divisas en un mercado estatizado para vender en otro mercado de divisas. La parte del mercado que controla el Estado se presta a corrupción y clientelismo político.
Para tratar de mantener un tipo de cambio artificial, se han usado Reservas Internacionales del Banco Central de Venezuela (BCV). Al mismo tiempo, diversos productos importados como leche, harina, aceite, papel higiénico, medicinas y equipos médicos escasean debido a las restricciones existentes para acceder a divisas. Varias aerolíneas han suspendido sus operaciones y otras tantas amenazan con hacerlo; el CADIVI ha mantenido una deuda con éstas superior a los US$3.700 millones. En conclusión, los controles cambiarios y múltiples tipos de cambio distorsionan todas las actividades económicas en Venezuela.
Dinero, inflación y controles de precios
Las reservas internacionales de Venezuela que respaldan la emisión de dinero han disminuido en los últimos años. En diciembre de 2011 las reservas internacionales netas (RIN) eran de US$29.889 millones, a lo que se añaden los recursos del FEM de US$3 millones. Al 28 de mayo del año en curso, las RIN eran de US$21.014 millones más los US$3 millones del FEM. A diferencia de otros países de la región, la mayor parte de las reservas monetarias en Venezuela se denominan en oro para respaldar su emisión. En efecto, el 72% de las reservas internacionales venezolanas están constituidas de oro para fines monetario. Lamentablemente, el pasivo que ha ido acumulando el BCV en títulos de PDVSA y del gobierno para financiar el déficit fiscal anulan los activos de reservas internacionales.
Durante los últimos años las emisión de dinero se ha incrementado en la medida que las reservas internacionales se han reducido, como se muestra en la gráfica. Según el BCV, laliquidez monetaria o medio circulante (M2) se incrementó en 205% desde diciembre de 2011 a abril de 2014. El medio circulante o M2 pasó de unos Bs. 446.617 millones en diciembre de 2011 a Bs. 1.362.000 millones en abril de 2014; es decir, se multiplicó por más de tres veces en estos pocos años.
El factor principal que ha inducido a este crecimiento de la liquidez monetaria son los créditos que ha otorgado el BCV a PDVSA: éstos pasaron de Bs. 96.263 millones a Bs. 480.671,3 millones. Así, la deuda de PDVSA con el BCV se multiplicó por 5 veces durante ese período y la adquisición de esa deuda implicó inyección de nueva liquidez en la economía. Los indicadores monetarios muestran que los venezolanos son propensos a mantener su dinero en efectivo y cuando lo colocan en los intermediarios financieros, la mayor parte se colocan a corto plazo; las colocaciones a largo plazo en bolívares y en dólares son muy bajas.
Con una política monetaria que emite dinero reduciendo reservas internacionales es claro que se presentan presiones inflacionarias en los precios. En efecto, la inflación en Venezuela alcanzó 56,1% durante el 2013, según estadísticas del Fondo Monetario Internacional(FMI), la mayor tasa de inflación en el mundo para ese año. El régimen indicó que la inflación de precios es el resultado de la “guerra económica” de la oposición y el sector privado contra el gobierno. Preocupa mucho expresiones como esas porque evidencia que las autoridades no reconocen la realidad que vive el país como consecuencia de ideologías utópicas y políticas públicas erradas.
El principal factor que genera alta inflación de precios en Venezuela en la actualidad es la emisión de dinero para financiar déficit financieros de PDVSA y del gobierno; también, los créditos al gobierno y otras entidades públicas provocan emisión de nuevo dinero. La reducción de las reservas internacionales implica que esa emisión de dinero nuevo se hace sin respaldo; la nueva liquidez entra a la economía provocando incrementos de saldos monetarios que buscan la los mismos bienes y servicios. Los controles cambiarios, el desincentivo a la producción y la escasez resultantes acentúan el efecto inflacionario de la emisión monetaria.
Como se evidencia en la Gráfica No. 3, Venezuela ha experimentado alta inflación de precios en la historia reciente. La inflación anualizada (marzo 2013-marzo 2014) fue de 59,3%. Aunque el FMI pronostica una inflación de 75% para 2014, esta cifra puede estar subestimada por dos razones principales: (1) La escasez de productos implica que no se tiene información de los precios que podrían surgir en el mercado; y (2) los precios que surgen de transacciones en mercados paralelos a los regulados no se registran en los cálculos.
Ante la creciente inflación de precios, el régimen decretó una Ley de Ganancias, Costos y Precios Justos, donde se regulan los costos de producción y se establece un tope de 30% a los márgenes de ganancia y declara de utilidad pública todos los bienes y servicios que se requieran para producir. Este tipo de políticas son contraproducentes porque desincentivan la inversión y la producción. La ley hace aún más difícil el acceso a divisas, ya que las empresas necesitarán presentar una certificación de solvencia de precios justos para acceder a éstas.
La implementación de la ley de precios justo que pretende regular las ganancias, costos y precios de diversos productos ha exacerbado aún más la inflación de precios que se vive en Venezuela. Un Estado que gasta 16% del PIB por encima de sus ingresos, cada vez mayor deuda, múltiples tipos de cambio oficiales sobrevaluados y una política monetaria expansiva para financiar los déficit financieros del gobierno y PDVSA auguran un proceso hiperinflacionario casi inevitable en los próximos años, siempre que no se adopten políticas conducentes a la libertad económica en el muy corto plazo.
Crisis eléctrica
Desde hace varios años Venezuela enfrenta una severa crisis en el sistema eléctrico, ocasionando apagones de varias horas; éstos se concentran mayormente fuera del área metropolitana de Caracas. Esta crisis se fundamenta en problemas técnicos ocasionados por la falta de inversión en mantenimiento y mejora de las redes de transmisión y distribución, principalmente. Dado que Venezuela es un país petrolero, se esperaría que no haya crisis energética. Sin embargo, el orden institucional imperante donde el Estado es propietario del sistema eléctrico luego de estatizarlo, no induce a un manejo eficiente del sistema eléctrico dado que no existen incentivos a que se minimicen las pérdidas. La energía eléctrica es transversal a todos los sectores de la economía, un servicio que se requiere en las distintas actividades económicas: consumo, inversión y producción.
Se estima que más de una tercera parte de la energía eléctrica se pierde entre las empresas de transmisión y, principalmente, de distribución; éstas se producen por redes obsoletas e ineficientes, y por robos de electricidad a nivel de la distribución. Otro problema que presentan las empresas distribuidoras es el cobro de la energía eléctrica, cuando no toda la energía facturada se termina cobrando. Las pérdidas de energía y la falta de pago de usuarios imponen una alta carga a las finanzas públicas, dado que el gobierno otorga cuantiosos subsidios; esos recursos provienen de los ingresos petroleros, impuestos y préstamos al gobierno.
Según informaciones oficiales, la capacidad de generación instalada asciende a unos 24.000 MW; la generación hidroeléctrica representa el 62%, termoeléctrica 35% y el restante 3% a otras fuentes de generación. Con alta dependencia de generación hidroeléctrica, durante épocas de sequía la situación eléctrica empeora. Al perderse una tercera parte de la energía en ineficiencias y robos, la disponibilidad para la distribución queda en unos 16.000 MW (cuando no hay sequías). Con una demanda habitual estimada en 17.500 MW, queda en evidencia el grave problema que enfrenta el sector eléctrico. Definitivamente, la estatización del sector eléctrico ha representado un alto costo para los venezolanos cuando se agregan el costo de la factura a consumidores finales, autogeneración, subsidios generalizados y costo de oportunidad de no contar con un servicio básico confiable.
Fuente
