VENEZUELA: ANÁLISIS ECONÓMICO DE UN PAÍS EN CRISIS

Ernesto Selman y Rafael Fornet 

julio 10, 2014 

Introducción

Durante los últimos quince años en Venezuela se adoptó un sistema político con alto intervencionismo estatal en todos los ámbitos de la vida en sociedad, que sus promotores denominaron “Socialismo del Siglo XXI”. El orden institucional se tornó altamente discrecional para aplicar políticas populistas clientelares, ejerciendo un poder casi hegemónico por el uso de la fuerza o la amenaza del uso de la fuerza. Las libertades política, económica y civiles se han visto cada vez más restringidas, dado que el régimen ha interpretado, cambiado y acomodado la constitución y las leyes a los intereses del grupo gobernante. Esto ha provocado abuso de poder político, corrupción rampante, altos niveles de inseguridad ciudadana, escasez, inflación, restricción a los derechos de asociación y expresión, entre otros.

El régimen autoritario chavista ha concentrado el poder a través del control de las instituciones políticas y la toma de la economía mediante controles de precios y cambiarios, expropiaciones, la dirección del crédito y la explotación de la empresa estatal petrolera, entre otras medidas. En noviembre del 2013 entró en vigencia una Ley Habilitante otorgando poder casi ilimitado y discrecional al Presidente de Venezuela para emitir decretos con fuerza de ley. En definitiva, la concentración de poder se ha alimentado de sofocar los derechos individuales de los ciudadanos. Los venezolanos iniciaron protestas desde inicios de febrero del presente año que todavía siguen en pie. Lo que presenciamos es una crisis económica, social y política sin precedentes en ese país. No se vislumbra una salida fácil ni rápida, lo que implicará mayor deterioro de la libertad y, consecuentemente, una reducción en la calidad de vida de los venezolanos.

Violación a la propiedad privada

El poder se ejerce sin tomar en consideración los principios económicos más básicos, como el respeto a los derechos de propiedad. Se estima que bajo el régimen de planificación centralizada se han expropiado o estatizado más de 50.000 propiedades entre fincas (pequeñas, medianas y grandes), industrias y comercios, entre otros, sin compensación por valor de mercado. Durante los últimos 15 años se han expropiado empresas o sectores completos: electricidad, telecomunicaciones, banca y finanzas, petróleo y tecnología, entre otros. En noviembre de 2013 se estatizaron dos plataformas petroleras, alegando razones de utilidad pública y de interés “social”.

Bajo el régimen chavista, el Estado venezolano se convirtió en empresario, importador, comercializador y fijador de precios de los más diversos bienes y servicios. Sin embargo, laescasez de productos básicos está a la orden del día. La historia registra el desastre económico que significa una sociedad que fundamenta su economía en las directrices y manejo de los medios de producción desde el Estado.

Con la justificación de que los emprendedores son malandros que sólo obtienen beneficios explotando al prójimo, el régimen chavista ha controlado gran parte de la economía; ha distorsionando el consumo, el ahorro, el crédito, la inversión y la producción. En febrero de este año, el Presidente de Venezuela se expresó de esta forma: “No me subestimen, sectores de la burguesía. Vamos a expropiar a quienes tengamos que hacerlo”. Esto se hace para combatir una “guerra económica” imaginaria que ha enarbolado el régimen chavista desde sus inicios para justificar sus acciones.

Ambiente de negocios

Desde los inicios del régimen chavista ha habido un ataque frontal a la economía de mercado, imponiendo trabas, barreras y altos costos ocultos que promueven cada vez menor inversión, producción, generación de empleos y de riquezas. El ambiente de negocios en Venezuela se ha deteriorado e introduce incertidumbre por las expropiaciones, censuras a la libertad de asociación y despilfarro de recursos que utiliza el régimen chavista para concentrar el poder a través del populismo y el clientelismo.

En publicaciones como Haciendo Negocios del Banco Mundial y el Informe de Competitividad Global del Foro Económico Mundial, Venezuela se sitúa como uno de los países con mayores trabas para hacer negocios. La embestida al funcionamiento de la economía de mercado es una de las principales razones de la crisis económica, social y política que vive Venezuela. Esto sucede porque los incentivos a incursionar en actividades económicas se desvanecen y se producen menor cantidad de bienes y servicios; se genera escasez que resulta en necesidades humanas insatisfechas. El desempleo de factores de producción implican menores salarios, alquileres e ingresos para diversos segmentos de la sociedad.

Como observamos en los cuadros No. 1 y No. 2, Venezuela se encuentra en posiciones muy desventajosas con respecto a la gran mayoría de países en el planeta con respecto al ambiente de negocios. En lugar de generar más riquezas, en Venezuela se han derrochado recursos limitados para la producción y han salido recursos financieros que podían traducirse en inversión de capital en ese país.

Cuadro No. 1: Informe de Competitividad Global 2013-2014 (148 países)
Indicador	Posición
Fortaleza del mercado de bienes	148
Mercado financiero	135
Mercado laboral	148
Marco institucional	148
Fuente: Informe de Competitividad Global 2013.

Cuadro No. 2: Informe Haciendo Negocios 2014 (189 países)
Indicador	Posición
Protección de los inversionistas	182
Trámites para comenzar un negocio	157
Pago de impuestos	187
Intercambio comercial	173
Obtención de servicio eléctrico	167
Fuente: Informe de Competitividad Global 2013.

El ataque a la economía de mercado sólo se ha utilizado para centralizar el poder y tratan de ejercerlo de manera hegemónica. Pero, debe reconocerse que hay mucha ignorancia con respecto a cómo funciona un sistema económico donde sólo se obtienen ganancias si se satisface a los consumidores (las masas) y en el cual, si los emprendedores no sirven a “las masas”, sufren pérdidas. El capital, el trabajo y los recursos de la naturaleza son factores de producción complementarios, donde uno depende del otro para lograr bienes y servicios que satisfacen necesidades humanas.

La historia demuestra que es imposible tratar de dirigir una economía a partir de una persona o un grupo de personas, dado que la información de los factores productivos disponibles, demandas y valoraciones de consumidores, entre otros, está dispersa entre miles y millones de personas.

En un sistema económico que no se garantizan los derechos de propiedad no surge el sistema de precios que resuelve problemas de coordinación en la sociedad. Este sistema: (1) Promueve la producción de bienes que realmente valoran las masas; (2) coordina el mejor uso de factores limitados de la producción; y (3) permite coordinar la remuneración a los dueños de factores de la producción, incluyendo el factor trabajo (salarios). Si no funciona el sistema de precios, la coordinación de las actividades económicas se hace imposible; se sustituye el intercambio voluntario y pacífico por relaciones económicas conflictivas.

Un sistema de precios distorsionado, como el que existe en Venezuela, implica el despilfarro de recursos escasos y valiosos que pueden ser utilizados de mejor forma para satisfacer demandas y necesidades humanas. La mejor política social de cualquier gobierno es crear un ambiente de negocios que promueva la inversión, la producción, y la generación de más y mejores empleos productivos, redundando todo ello en más riquezas disponibles y una mejor calidad de vida.

Industria petrolera

Venezuela cuenta con las mayores reservas verificadas de petróleo en el mundo y los ingresos por venta de este producto representan la principal fuente de ingresos del Estado venezolano. En efecto, los ingresos petroleros representan un 65,7% de los ingresos fiscales; por esto, se señala que el Estado venezolano es un “Petro-Estado”. Por otro lado, las exportaciones petroleras representan 96,6% de las exportaciones totales de bienes, según datos del Banco Mundial. Estas variables evidencian la importancia que significa la industria petrolera para la economía venezolana y lo vulnerable que puede ser una sociedad cuando los que ostentan el poder se subrogan el derecho de disponer de esos recursos. Con instituciones débiles, la discrecionalidad, los privilegios y la corrupción forman parte de la ecuación en la industria petrolera que, dada su importancia, afecta a toda la sociedad.

La empresa que maneja la industria petrolera es la estatal Petróleos de Venezuela S.A.(PDVSA), que surgió en 1976 a partir de la nacionalización de esta industria en 1975. PDVSA ha sido la “vaca lechera” del régimen chavista para aplicar su política populista y clientelista. A pesar de representar un pilar de las finanzas públicas, se han dejado de realizar inversiones y mantenimiento a la infraestructura, trayendo como consecuencia una reducción de la producción diaria de crudo.

La producción actual de PDVSA fue de unos 2,3 millones de barriles por día en abril del año en curso. Esto representa casi una tercera parte menos de la alcanzada en 1997, cuando se producía en torno a los 3,3 millones de barriles diarios. De los 2,3 millones de barriles por día, alrededor de 200.000 se exportaron a los países que suscriben el acuerdo de Petrocaribe y 800 mil barriles fueron consumidos localmente; los casi 1,3 millones de barriles diarios restantes se exportaron al resto del mundo. Las ventas de PDVSA a EE.UU. se han reducido al nivel más bajo en 28 años y buena parte de la producción se exporta a China para servir una deuda estimada en US$40.000 millones.

Con los altos precios del petróleo desde 20005 hacia acá, el régimen chavista no pudo acumular recursos en el Fondo de Estabilización Macroeconómica (FEM) debido a sus políticas populistas clientelares. La gasolina se vende al público a unos cinco centavos de dólar por galón, lo que representa un subsidio generalizado que aporta al déficit fiscal (en Venezuela, la gasolina es más barata que el agua embotellada). Este precio por debajo de los costos de producción representa un subsidio de más de $25.000 millones anuales.

El déficit de PDVSA que ha generado una política populista y clientelar ha pesado sobre el desarrollo de la industria petrolera y aporta la mayor parte del déficit fiscal venezolano. Esta empresa ha sido una de las más afectada por la burocratización del Estado venezolano, ya que su nómina se ha incrementado de 34.000 trabajadores en 2003 a 104.000 en 2012. De hecho, la deuda de PDVSA con el Banco Central de Venezuela (BCV) hasta abril del presente año ha crecido un 399% con respecto a diciembre del 2011, situándose en $76.000 millones al tipo de cambio oficial.

Ingresos, gasto y deuda públicos

Uno de los factores claves para centralizar el poder en Venezuela es que el Estado obtiene casi dos terceras parte de sus ingresos de la renta petrolera (tributarios y no tributarios) y los ingresos fiscales por concepto de impuestos no-petroleros a ciudadanos representan sólo un 34,3% de los ingresos fiscales. Al no tener que cargar constantemente a los ciudadanos con mayores impuestos para financiar más gasto público, el despilfarro de recursos limitados se hace más fácil. El régimen chavista ha mantenido una política fiscal irresponsable en la medida que mayor gasto público deficitario se traduce en mayor deuda con acreedores en el exterior (principalmente China) y a lo interno (principalmente con el BCV).

Los déficit fiscales se han presentado a pesar del incremento del precio del petróleo, que resultó en mayores ingresos para el Estado. El problema se concentra en un gasto público improductivo, acompañado de transferencia de rentas a grupos particulares con mecanismos poco transparentes. También, subsidios generalizados como el del combustible y la electricidad, entre otros bienes y servicios básicos, implican un mayor gasto público. El resultado del alto gasto público deficitario se muestra en la Gráfica No. 1; para 2012 el déficit fiscal alcanzó 16,6% del PIB y se situó en 15,1% el año pasado.

La última información detallada que ofrece el Ministerio de Finanzas de Venezuela (2012) indica que el gobierno central tenia un déficit de 4,9% del PIB, explicando el 30% del total; los restantes 11,7 puntos porcentuales se explican por las instituciones autónomas y, principalmente, PDVSA. Altos déficit fiscales que implican cada vez mayor deuda pública en un país donde existe consumo de capital y no generación de riquezas se traduce en una senda de insostenibilidad económica; cuando ello se financia por emisión de dinero sin respaldo, la situación es más crítica porque genera una alta inflación de precios.

Controles cambiarios

Los controles cambiarios han distorsionado las distintas actividades económicas en Venezuela desde hace más de 10 años. Los controles han promovido una mala asignación de recursos escasos en la economía hacia sectores, industrias y grupos preferidos del régimen chavista; el gobierno ha elegido ganadores y perdedores al asignar las divisas en el mercado. En Venezuela existe un complicado sistema cambiario que actualmente se compone de cuatro tipos de cambio:

1. CADIVI (Bs. 6,3 por US$): En 2003 se creó la Comisión de Administración de Divisas (CADIVI) como mecanismo centralizado de oferta de dólares para controlar el tipo de cambio. Con las políticas monetarias y fiscal adoptadas, el tipo de cambio se sobrevaluó y fue obvio que los controles habían fracasado. Este tipo de cambio se utilizaba para ciertas importaciones de productos de primera necesidad, divisas para viajeros y estudiantes en el exterior.
2. SICAD (Bs. 11,3 por US$): Debido a las distorsiones que crearon los controles cambiarios y la centralización del mercado de divisas, a finales del 2013 se creó el Sistema Cambiario de Divisas (SICAD). La idea era crear un sistema alternativo para introducir un mecanismo de subasta con mesas de negociación de divisas donde participarían ciertos ofertantes y demandantes del mercado. Lo más importante es que el mecanismo anterior se mantuvo para la importación de ciertos bienes y servicios, creando mayores distorsiones.
3. SICAD II (Bs. 50 por US$): A principios del 2014, se implantó el Sistema Cambiario de Divisas II (SICAD II). Similar al SICAD (I), este mecanismo opera como subastas entre ofertantes y demandantes de dólares con el fin de ampliar aún más la oferta de dólares. Sin embargo, los generadores de dólares privados no han confiado en declarar al Estado las divisas que obtienen por temor a expropiaciones y ataque a sus negocios. En diferentes fuentes periodísticas se ha indicado que el SICAD II ha podido satisfacer sólo un 30% de las demandas de divisas.
4. Mercado paralelo o mercado “negro” (Bs. 70 por US$): La mayor parte de las transacciones de divisas se realizan en el mercado paralelo o mercado negro. No se puede denominar mercado libre porque está restringido por regulación estatal y penalizado por las autoridades. Las restricciones de hacer transacciones en este mercado implica un costo oculto muy alto para hacer negocios y planificar la producción en Venezuela; la incertidumbre implica menores inversión, producción, generación de empleos y de riquezas.

Llama la atención la dispersión que existe entre el mecanismo inicial de controles cambiarios (CADIVI) al Bs. 6,3 por US$, versus el mercado paralelo al Bs. 70 por US$. Esto introduce incentivos de obtener rentas fuera de mecanismos de mercado al tratar de comprar divisas en un mercado estatizado para vender en otro mercado de divisas. La parte del mercado que controla el Estado se presta a corrupción y clientelismo político.

Para tratar de mantener un tipo de cambio artificial, se han usado Reservas Internacionales del Banco Central de Venezuela (BCV). Al mismo tiempo, diversos productos importados como leche, harina, aceite, papel higiénico, medicinas y equipos médicos escasean debido a las restricciones existentes para acceder a divisas. Varias aerolíneas han suspendido sus operaciones y otras tantas amenazan con hacerlo; el CADIVI ha mantenido una deuda con éstas superior a los US$3.700 millones. En conclusión, los controles cambiarios y múltiples tipos de cambio distorsionan todas las actividades económicas en Venezuela.

Dinero, inflación y controles de precios

Las reservas internacionales de Venezuela que respaldan la emisión de dinero han disminuido en los últimos años. En diciembre de 2011 las reservas internacionales netas (RIN) eran de US$29.889 millones, a lo que se añaden los recursos del FEM de US$3 millones. Al 28 de mayo del año en curso, las RIN eran de US$21.014 millones más los US$3 millones del FEM. A diferencia de otros países de la región, la mayor parte de las reservas monetarias en Venezuela se denominan en oro para respaldar su emisión. En efecto, el 72% de las reservas internacionales venezolanas están constituidas de oro para fines monetario. Lamentablemente, el pasivo que ha ido acumulando el BCV en títulos de PDVSA y del gobierno para financiar el déficit fiscal anulan los activos de reservas internacionales.

Durante los últimos años las emisión de dinero se ha incrementado en la medida que las reservas internacionales se han reducido, como se muestra en la gráfica. Según el BCV, laliquidez monetaria o medio circulante (M2) se incrementó en 205% desde diciembre de 2011 a abril de 2014. El medio circulante o M2 pasó de unos Bs. 446.617 millones en diciembre de 2011 a Bs. 1.362.000 millones en abril de 2014; es decir, se multiplicó por más de tres veces en estos pocos años.

El factor principal que ha inducido a este crecimiento de la liquidez monetaria son los créditos que ha otorgado el BCV a PDVSA: éstos pasaron de Bs. 96.263 millones a Bs. 480.671,3 millones. Así, la deuda de PDVSA con el BCV se multiplicó por 5 veces durante ese período y la adquisición de esa deuda implicó inyección de nueva liquidez en la economía. Los indicadores monetarios muestran que los venezolanos son propensos a mantener su dinero en efectivo y cuando lo colocan en los intermediarios financieros, la mayor parte se colocan a corto plazo; las colocaciones a largo plazo en bolívares y en dólares son muy bajas.

Con una política monetaria que emite dinero reduciendo reservas internacionales es claro que se presentan presiones inflacionarias en los precios. En efecto, la inflación en Venezuela alcanzó 56,1% durante el 2013, según estadísticas del Fondo Monetario Internacional(FMI), la mayor tasa de inflación en el mundo para ese año. El régimen indicó que la inflación de precios es el resultado de la “guerra económica” de la oposición y el sector privado contra el gobierno. Preocupa mucho expresiones como esas porque evidencia que las autoridades no reconocen la realidad que vive el país como consecuencia de ideologías utópicas y políticas públicas erradas.

El principal factor que genera alta inflación de precios en Venezuela en la actualidad es la emisión de dinero para financiar déficit financieros de PDVSA y del gobierno; también, los créditos al gobierno y otras entidades públicas provocan emisión de nuevo dinero. La reducción de las reservas internacionales implica que esa emisión de dinero nuevo se hace sin respaldo; la nueva liquidez entra a la economía provocando incrementos de saldos monetarios que buscan la los mismos bienes y servicios. Los controles cambiarios, el desincentivo a la producción y la escasez resultantes acentúan el efecto inflacionario de la emisión monetaria.

Como se evidencia en la Gráfica No. 3, Venezuela ha experimentado alta inflación de precios en la historia reciente. La inflación anualizada (marzo 2013-marzo 2014) fue de 59,3%. Aunque el FMI pronostica una inflación de 75% para 2014, esta cifra puede estar subestimada por dos razones principales: (1) La escasez de productos implica que no se tiene información de los precios que podrían surgir en el mercado; y (2) los precios que surgen de transacciones en mercados paralelos a los regulados no se registran en los cálculos.

Ante la creciente inflación de precios, el régimen decretó una Ley de Ganancias, Costos y Precios Justos, donde se regulan los costos de producción y se establece un tope de 30% a los márgenes de ganancia y declara de utilidad pública todos los bienes y servicios que se requieran para producir. Este tipo de políticas son contraproducentes porque desincentivan la inversión y la producción. La ley hace aún más difícil el acceso a divisas, ya que las empresas necesitarán presentar una certificación de solvencia de precios justos para acceder a éstas.

La implementación de la ley de precios justo que pretende regular las ganancias, costos y precios de diversos productos ha exacerbado aún más la inflación de precios que se vive en Venezuela. Un Estado que gasta 16% del PIB por encima de sus ingresos, cada vez mayor deuda, múltiples tipos de cambio oficiales sobrevaluados y una política monetaria expansiva para financiar los déficit financieros del gobierno y PDVSA auguran un proceso hiperinflacionario casi inevitable en los próximos años, siempre que no se adopten políticas conducentes a la libertad económica en el muy corto plazo.

Crisis eléctrica

Desde hace varios años Venezuela enfrenta una severa crisis en el sistema eléctrico, ocasionando apagones de varias horas; éstos se concentran mayormente fuera del área metropolitana de Caracas. Esta crisis se fundamenta en problemas técnicos ocasionados por la falta de inversión en mantenimiento y mejora de las redes de transmisión y distribución, principalmente. Dado que Venezuela es un país petrolero, se esperaría que no haya crisis energética. Sin embargo, el orden institucional imperante donde el Estado es propietario del sistema eléctrico luego de estatizarlo, no induce a un manejo eficiente del sistema eléctrico dado que no existen incentivos a que se minimicen las pérdidas. La energía eléctrica es transversal a todos los sectores de la economía, un servicio que se requiere en las distintas actividades económicas: consumo, inversión y producción.

Se estima que más de una tercera parte de la energía eléctrica se pierde entre las empresas de transmisión y, principalmente, de distribución; éstas se producen por redes obsoletas e ineficientes, y por robos de electricidad a nivel de la distribución. Otro problema que presentan las empresas distribuidoras es el cobro de la energía eléctrica, cuando no toda la energía facturada se termina cobrando. Las pérdidas de energía y la falta de pago de usuarios imponen una alta carga a las finanzas públicas, dado que el gobierno otorga cuantiosos subsidios; esos recursos provienen de los ingresos petroleros, impuestos y préstamos al gobierno.

Según informaciones oficiales, la capacidad de generación instalada asciende a unos 24.000 MW; la generación hidroeléctrica representa el 62%, termoeléctrica 35% y el restante 3% a otras fuentes de generación. Con alta dependencia de generación hidroeléctrica, durante épocas de sequía la situación eléctrica empeora. Al perderse una tercera parte de la energía en ineficiencias y robos, la disponibilidad para la distribución queda en unos 16.000 MW (cuando no hay sequías). Con una demanda habitual estimada en 17.500 MW, queda en evidencia el grave problema que enfrenta el sector eléctrico. Definitivamente, la estatización del sector eléctrico ha representado un alto costo para los venezolanos cuando se agregan el costo de la factura a consumidores finales, autogeneración, subsidios generalizados y costo de oportunidad de no contar con un servicio básico confiable.

Análisis: Venezuela está inmersa en una crisis económica, social y política sin precedentes por políticas públicas que han producido mayor pobreza, violencia y fricciones entre distintos grupos de la sociedad. La historia demuestra que las ideologías colectivistas implementadas en sociedades humanas requieren, necesariamente, de regímenes autoritarios o totalitarios para llevarlas a la práctica. En cambio, un sistema político, económico y social fundamentado en los derechos a la vida, la libertad y las propiedades individuales, son favorables a que cada quien alcance sus sueños con alta calidad de vida.

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El Consejo Nacional de Economía Productiva

El Consejo Nacional de Economía Productiva será el medio de desarrollar las estrategias que permitan avanzar hacia el nuevo modelo económico.

El pasado martes 19 de enero el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro instaló el Consejo Nacional de Economía Productiva con el firme propósito de avanzar en el desarrollo económico productivo del país y poner fin a la guerra económica que viene golpeando al pueblo venezolano desde finales del 2014.

Durante el discurso de instalación el presidente Nicolás Maduro indicó que el nuevo mecanismo económico permitirá el impulso, desarrollo y expansión de las fuerzas productivas para incrementar la generación de divisas internas, a fin de avanzar hacia la ruptura del rentismo petrolero y superar la coyuntura económica, agravada por la guerra no convencional orquestada por la derecha.

El Consejo Nacional de Economía Productiva estará presidido por el Vicepresidente de Venezuela, Aristóbulo Istúriz, el secretario ejecutivo sera el vicepresidente de Economía Productiva, Luis Salas y como coordinador de reuniones y agenda de trabajo, el viceministro de Inversión para el Desarrollo, Simón Zerpa.

El nuevo consejo económico sesionará de manera permanente en el Puesto de Comando Presidencial, en el Palacio de Miraflores sede del ejecutivo venezolano diseñando líneas de acción y garantizando el cumplimiento del trabajo desarrollado en cada una de las mesas.

El nuevo mecanismo económico estará articulado al reciente Decreto de Emergencia Económica que fue presentado el pasado viernes 15 de enero al parlamento venezolano y al pueblo por el presidente Nicolás Maduro en su mensaje anual a la nación.

El economista Tony Boza destacó que el Consejo Nacional de Economía Productiva permitiría el encuentro de todos los actores que tienen algo que aportar a la producción nacional.

En este sentido el vicepresidente de Venezuela Aristóbulo Isturíz ha dicho que para avanzar hacia una economía productiva se deben escuchar los intereses de cada sector y entablar el diálogo y alcanzar un consenso sobre las acciones y estrategias a tomar en materia económica.

Los Nueve Motores

El presidente venezolano explicó que la estrategia económica se conformó con nueve motores de acción para avanzar hacia el desarrollo productivo y atender las necesidades inmediatas de los venezolanos.

Los motores para el desarrollo productivo de venezuela son hidrocarburos, petroquímico, agroalimentario, minería, telecomunicaciones e informática, construcción, industria, industria militar y turismo.

Lee aquí → Objetivos de los nueve motores productivos en Venezuela

El analista económico Tony Boza aseguró que los nueves puntos muestran cuales son los rubros que han sido priorizados en un momento donde hay escasez de divisas. Boza resaltó que uno de los principales objetivos del plan económico es la distribución de la renta en función de la mayoría.  Se ha hecho énfasis en satisfacer las necesidades del pueblo venezolano, añadió Boza.

El jefe de Estado destacó la puesta en marcha del plan 50 el cual trabajará en función de priorizar el desarrollo y comercialización de cincuenta rubros para atender las necesidades del pueblo.

“Es un plan que nos va a llevar de la emergencia a la estabilidad y al crecimiento. Son 50 bienes y rubros que debemos concentrar el esfuerzo para producirlos y sostenerlos con nuestras propias manos sin depender de un dólar" añadió el presidente venezolano.

En función de esta idea el estado trabajará en poner atención a la producción nacional de las pequeñas y medianas industrias para fomentar su crecimiento y no depender de las grandes empresas privadas y recurrir en última instancia a las importaciones.

Aristóbulo Istúriz señaló esta prioridad como una de las líneas de acción del Decreto de Emergencia Económica

Según Tony Boza el plan económico busca la presencia de las organizaciones sociales y populares en todo el aparato productivo y para ello el gobierno ha decretado leyes y normativas para asegurar la participación del pueblo en la cadena comercial y hacer que los bienes de consumo sean distribuidos en el pueblo.

Hacia el Modelo Productivo

El presidente Nicolás Maduro ha insistido en la urgencia de un cambio de modelo económico, dejar atrás al rentismo petrolero y avanzar hacia nuevas fuentes de generación de recursos .

El Vicepresidente Istúriz ha mencionado que entre las líneas de acción del decreto de emergencia se habla de avanzar hacia la exportación de otros rubros distinto al petróleo y ha a mejorar los mecanismos de recaudación de impuestos.

Para el economista Tony Boza el mejoramiento en el sistema de recaudación debería aportar grandes recursos al país que serán distribuidos al pueblo en obras de infraestructura y misiones sociales.

El Consejo Nacional de Economía Productiva y el Decreto de Emergencia Económica deben ser las herramientas que logren transitar el camino hacia un nuevo modelo más social y que sea ejemplo para el mundo.

Análisis: Se trata de un nuevo organismo que va en pro de la economía  social diseñado para impulsar la producción y desarrollo de manera de generar divisas con las importaciones y que estas misma deje de depender del petróleo con la intención de superar la crisis económica del país generada por la derecha. Cabe destacar que dicho organismo está asociado al actual plan de emergencia y los 9 motores del plan de gobierno estructurado por el presidente. El organismo permitirá la participación de todos los sectores y entes que tengan que aportar a la producción del país en la materia de esta manera seguir impulsando la economía social del país como lo establece la constitución bolivariana de Venezuela. 

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La economía social en Venezuela

De la economía miserable a la economía social en Venezuela

El problema hoy día en Venezuela es, en primer lugar, político y ahí, equidistante, por efecto inmediato, económico. La evolución de la economía en Venezuela, desde el advenimiento de la democracia representativa (mal llamada estabilización democrática del país, lo menos que hubo fue estabilidad), hasta el presente, donde se debate entre un modelo socio-productivo colectivista y un modelo de producción capitalista, ha ido acentuado la dependencia en relación con la actividad petrolera, a pesar de los diversos esfuerzos realizados por distintos gobiernos, en esa tarea heroica de diversificar la actividad económica e invertir el excedente del petróleo, o la ganancia petrolera, en fortalecer otras estrategias de negocio. La economía venezolana ha mantenido su carácter monoproductor, aunque en los últimos años se ha desarrollado, progresivamente, coqueteos e iniciativas pr el sector industrial y, en menor medida, el sector agrícola, con todo el potencial que evidentemente se tiene en este rubro.

Desde la caída de la experiencia autoritaria del General Marco Pérez Jiménez, en 1958, se intentó reorientar a la economía hacia un proceso de industrialización sustitutiva de importaciones; el esfuerzo arrojó, de 1958 a 1973, que el Producto territorial bruto (PTB), creciera en un promedio anual de 5,4%, consecuencia del relativo estancamiento de los ingresos por exportaciones, los cuales se mantuvieron en unos US $ 2.550.000.000, en virtud de la debilidad del mercado petrolero mundial; en éste período, la economía del país continuó descansando en la explotación de sus recursos naturales (petróleo y hierro), que generaba, en 1973, un 23,2% del PTB, un 70% de los ingresos ordinarios del Estado y un 93% de los ingresos por exportación. La “Ley de Reforma Agraria”, promulgada en 1960, cuya aplicación nunca se dio formalmente y no se alcanzó impulsar un crecimiento dinámico del sector agrícola, apenas fue del 6% del producto territorial bruto, hice evidente grandes debilidades en el Estado en cuanto al trabajo de promoción y venta del incentivo agrícola para sumar al sector productivo nacional.

La década del setenta aceleró el proceso de urbanización de la población, llegando a un 75% del total, y para 1972, el sector primario de la economía empleaba un 20% de la población activa, el secundario un 28% y el terciario el 52% restante. Fue un período que sentó las bases de una renovada modernización del país, y se reanudó el sector público y sus intentos de participación en la actividad productiva, principalmente a través de SIDOR, de la Corporación Venezolana del Petróleo y de la industria petroquímica en sus plantas de Morón y El Tablazo; pero ello, sin embargo, tomando de referencia la estructura del gasto público, había alcanzado un 74% para 1973 y que, aunque aumentó en términos absolutos, el gasto de inversión por parte del sector público se mantuvo en tan solamente un 30% del total, lo que significaba muy poco para impulsar un cambio en las reglas del juego económico rentista. Ya para finales de 1973, y como efecto de la recién creada Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP), donde Venezuela jugó papel estelar, se da el “boom” petrolero que no fue otra cosa que el sinceramiento de los precios del petróleo y el manejo de estrategias comunes para mantener precios competitivos en el mercado internacional. Aumentaron los precios mundiales del barril petrolero, y creándose una burbuja de confort que en vez de alimentar proyectos de sustitución de productos de exportación, se alimentó las arcas personalísimas de los grandes corruptos del país y se comenzó a articular una economía miserable, liberal y de francos vicios en la administración pública nacional.

Se llegaría a la década de los ochenta del siglo XX, con un Presidente Social-demócrata que dijo en 1979, que recibía un “país hipotecado”, pero fue incapaz de solucionar esa realidad y alimentó y aumentó esa hipoteca, al punto que para 1983, tuvo de que devaluar la modera (viernes negro) y con ello inaugurar el tiempo de las “vacas flacas”. El alza del petróleo ayudó a mantener vivas las esperanzas de mejorar la economía, dando lugar a una expansión considerable y sostenida del ingreso fiscal en Venezuela, así como permitiendo la reducción de la producción de crudo en un 40%; la expansión fiscal, entre 1973 y 1982, fue del orden de 600%, parte de ese ingreso fue ahorrado a través del Fondo de Inversiones de Venezuela, pero la mayor parte fue gastada, ocasionándose así una expansión acelerada de las magnitudes económicas, financieras y monetarias, y también el resurgimiento de presiones inflacionarias.

El efecto esperado, a todas estas, de la nacionalización de la industria petrolera, 1974 y 1975, donde se decretó que la reserva al Estado de la industria petrolera y de la minería de hierro, hasta entonces explotadas por capital extranjero, sería explotada por el Estado, no dio sus frutos esperados. Dio dinero, pero la distribución de ese dinero no llegó a mejorar las condiciones de vida de los venezolanos. Ni las expropiaciones de los activos reales de las compañías concesionarias en el país, lograron mejorar las condiciones laborales del sector petrolero que, gracias al imperio de las leyes que le dio operatividad ilimitada, terminó por ser un Estado dentro de otro Estado, sin posibilidades de utilizar los excedentes en políticas sociales fundamentales, la industria petrolera lo invirtió en su burocracia y generó una generación de pequeños burgueses, privilegiados y dogmatizados por el capital extranjero de los países desarrollados. La explotación de hidrocarburos en todas sus fases, desde la exploración hasta la venta de crudos y productos en los mercados interno e internacional, pasó a ser potestad exclusiva de un grupo de tecnócratas del Estado, que la realiza a través de un conjunto de empresas operadoras con una casa matriz denominada Petróleos de Venezuela S.A. (PDVSA). Las ex concesionarias mantuvieron, por algún tiempo, su vinculación con la actividad petrolera venezolana mediante convenios de comercialización internacional y de suministros tecnológicos, los cuales se modificaron paulatinamente para reducir la dependencia con respecto a aquéllas, y desarrollar con autonomía las operaciones convencionales así como las de investigación tecnológica; el fin del “boom” petrolero llegó hasta finales de la década de los ochenta y encontró su máximo esplendor en el despilfarro y la corrupción, que llevaron al Gobierno, segundo Gobierno de Carlos Andrés Pérez, al fatídico 27 y 28 de febrero de 1989, cuando el aumento de los precios del pasaje urbano en Caracas, implosionó en una manifestación espontánea que terminó en saqueos y violencia y miles y miles de muertos y desaparecidos. Estos hechos marcaron el surgimiento de movimientos políticos en los cuarteles y en los sectores radicales de la sociedad civil, que luego tendrían su escenario en el 4 de febrero y 27 de noviembre de 1992.

Es importante destacar que el mercado interno de hidrocarburos estuvo ampliándose durante los años de crisis económica, porque lo que había era despilfarro no malos negocios; el mercado estaba fulgurante, la inversión era la que no llegaba, no había espacio para invertir en el pueblo, en su educación, en su salud en brindarle estabilidad y calidad de vida. El dinero robado y malgastado por la tecno burocracia tuvo que ser restituido por los préstamos al Fondo Monetario Internacional, el cual, a cambio, exigía la aplicación de sendos programas de ajuste que no iban en consonancia con la idiosincrasia y la necesidad local del pueblo. No obstante, el ingreso petrolero nacional mostró aumentos significativos y la actividad de la económica interna se mantuvo, aunque notablemente débil; la rama más deprimida fue la de la construcción, lo que afectó desfavorablemente a otras ramas vinculadas con ésta.

Si algo se debe destacar de la etapa comprendida entre 1989 y 1993, es que se dieron cambios importantes en la política económica oficial, en el sentido de la promoción de una economía liberal de mercado: se liberan los mercados de divisas, bienes, dinero y factores productivos; el Gobierno suprime numerosos controles y mecanismos de regulación e intervención en la actividad económica, reduce subsidios, implanta un programa de reducción arancelaria aduanera, se decide la privatización de empresas del Estado, con la excepción de las consideradas básicas y estratégicas, como la del petróleo y la electrificación del Caroní; todo esto se orienta al desarrollo de las fuerzas económicas privadas con la menor intervención oficial, buscando disminuir la ingerencia del Estado en la economía y creando una figura de Estado Gerente que complaciera los programas de avance del Fondo Monetario Internacional. Se quiso fortalecer la balanza de pagos y las reservas monetarias del país, así como también para propiciar un nuevo refinanciamiento de la deuda externa con los acreedores, comprometiendo al Gobierno, con una carta de intención, a efectuar las medidas necesarias para el ajuste macroeconómico, la estabilización monetaria cambiaria y de precios y la conversión de la economía mixta o intervenida en una economía abierta del mercado. Es decir, un modelo de avanzada en un mundo global en franca expansión. ¿Y cuál era la realidad del pueblo venezolano? Su pérdida de poder adquisitivo y su exclusión de las políticas públicas como principal referente de atención.

En un sentido particular, y producto también de los movimientos sociales nacidos del 27 y 28 de febrero de 1989, el liderazgo de Rafael Caldera se fortalece y viene de nuevo a regentar el erario público entre 1994-1999. Este período estuvo marcado por la existencia de una difícil situación económica, que se agravó por la crisis bancaria originando quiebra de varias instituciones financieras, todo en medio de esa delicada situación económica. El gobierno buscó adoptar programas sociales para tratar de aliviar un poco la situación de pobreza extrema en la que ya se encontraban amplios sectores de la población, pero la corrupción siguió consumiendo los trapos tibios y la esperanza de éxito quedó en un tratado de buenas intenciones que se conoció como la “Agenda Venezuela”, plan económico que contó con el aval del Fondo Monetario Internacional, pero cuya aplicación aceleró el rompimiento institucional de la democracia representativa con sus partidos políticos y todo. Es importante destacar que la “Agenda Venezuela” reflejaba un plan de privatizaciones en todos los sectores productivos del país, se planeó privatizar SIDOR y otras empresas básicas, aunque en la práctica se pudo solamente llevar adelante la venta de VENALUM, que fue adquirida por un importante consorcio empresarial extranjero, y PDVSA aceleró el proceso de apertura petrolera, que tenía como objetivo primordial, la búsqueda de nuevos capitales para llevar a cabo un vasto programa de inversiones.

Todo este escenario, y el discurso del Teniente Coronel del 4 de febrero de 1992, Hugo Chávez, trajo consigo su llegada al Poder en las elecciones de 1998, y con él un cambio profundo en las relaciones económicas de Venezuela con las políticas de reajuste económico del Fondo Monetario Internacional. El anterior modelo económico heredado, producto de prácticas viciadas como la especulación y devaluación monetaria, conllevó a la escasez, desabastecimiento, inflación galopante, dependencia económica exterior excesiva y pérdida de poder adquisitivo en la población.

El nuevo modelo económico presentado por Hugo Chávez, rompió con las políticas neoliberales, e inició un proceso de reconquista del sector productivo nacional (puede decirse que se invirtió buena parte del excedente petrolero), y el fortalecimiento del Estado haciéndolo más interventor del sector económico y propiciando una economía de producción social, donde la distribución equitativa de los recursos económicos (traducidos en bienes y servicios), se ha vuelto una política de Estado que sustituye el interés de lo económico-financiero, por una política social activa.

Las fallas de los últimos diecisiete años, ha estado en tres situaciones puntuales: el gran costo que enfrentó el Gobierno de turno para reconquistar los espacios productivos privatizados por la “Agenda Venezuela”; la confrontación política entre oposición y grupo político ostentador del Poder, que causó grandes daños a la economía nacional; y la baja de los precios del petróleo (de $ 100 a $ 24, en el último registro). Estas tres realidades hoy por hoy han bloqueado la articulación de una economía social productiva y tiene en franco vilo las posibilidades de levantar la brecha de una economía sin reglas de juego claras, sin inversión foránea que la fortalezca, minimizando día a día la capacidad de respuesta de un Gobierno que necesita abolir la corrupción, neutralizar la barbarie (bachaqueo, delincuencia, grupos violentos, entre otros), e imponer el imperio de la Ley para sanear la vida política nacional.

En concreto, tomando palabras del nuevo ministro de Economía Productiva, Luis Salas, el Gobierno está interesado en restablecer la normalidad en la distribución de productos: “Nos interesa muchísimo restablecer la normalidad y estamos dispuestos a reunirnos y trabajar con quien haya que trabajar para eso…La economía productiva pasa por democratizar la producción, agregar más actores a nivel de la producción, comercialización y distribución porque eso es lo que ayudará a dar soluciones estructurales”. Hoy día la preocupación del Gobierno es cómo acercar a los consumidores con los productores, lo cual pasa por reducir en muchos casos ciertas distorsiones de la cadena de distribución que tienen un efecto muy importante sobre la distorsión en precios. El ministro sentencia: “Estamos actuando coordinadamente, de hecho, hay una propuesta para que los compañeros de la economía popular formen parte de la Vicepresidencia…Hemos acordado mecanismos para trabajar conjuntamente con todos los sectores por el bien del país”.

Vele leer un fragmento de un artículo de Luis Vicente León, escrito en abril del 2015, donde él dice: “Analizar hoy en día la economía venezolana resulta particularmente complejo, no sólo por la falta de información oficial -el Banco Central de Venezuela y otros organismos públicos mantienen su postura de ocultar la data como si eso eliminara el hecho concreto de que el país tiene la inflación más alta del mundo y la escasez es penosa comparándonos incluso con los países más pobres de la región-,sino porque nos encontramos bajo las fuerzas de un modelo controlador, cuyas políticas y acciones en los diferentes ámbitos responden principalmente a intereses políticos o particulares, en lugar de estar regidas por la lógica y la racionalidad económica…” Parto de la idea de que es necesario mostrar las cifras, sean cual sean, no podemos ofertar un modelo sino sinceramos los datos que nos indican que estamos en crisis, estamos en inflación y nos proyectamos hacia condiciones que empeoraran la calidad de vida de los ciudadanos. No se trata de dar cifras para satisfacer exigencias neoliberales, se trata de confrontar, con la realidad, el impacto que esas cifras tienen y la respuesta del pueblo a las inmensas dificultades por las cuales les ha tocado transitar en la economía doméstica interna.

La tarea de la revolución es escuchar, revisar, rectificar y reimpulsar, repolitizando la sociedad y acabando con los vicios que corrompen el modelo anhelado del proceso revolucionario que es de una sociedad igualitaria, autogestionada e independiente de cualquier acción o interés de los grupos transnacionales del capitalismo global. Apostamos a una economía socialista en un contexto capitalista, interactuando con las reglas de juego del mercado, pero priorizando en invertir en la gente y no en los grupos de poder que se creen dueños del capital. El Estado debe ser fuerte, con el control total del capital para distribuirlo igualitariamente y brindar la satisfacción de las necesidades básicas del pueblo, pero no se puede hacer eso sin un plan que fortalezca la inversión y la multiplicación de ese capital, debemos enseñar a pescar y coadyuvar a que esa habilidad aprendida se transforme en pequeñas cooperativas de producción social. ¡Si se puede! Voluntad política es lo que necesitamos. Venimos de la economía miserable del neoliberalismo, en cuya influencia aún nadamos, pasando por la miseria de la economía global que nos juzga, encaminados a la economía de producción social que nos salvará.

Ramón Eduardo Azócar Añez

azocarramon1968@gmail.com

Análisis: Venezuela que históricamente ha pasado por diferentes modelos socio-económico los cuales no han alcanzado aun la estabilidad que busca el país. Venezuela aun muy dependiente de la renta petrolera la cual genero el abandono de otros actividades productivas del país como lo son la agricultura y la pesca ha sufrido la llamada economía global de la que nadie se escapa, es cuando se ve la necesidad de una nueva economía que incluye a la sociedad en función apartando la economía capitalista que tanto daño le ha hecho al país históricamente en este sentido es el ex presidente Hugo Chavez Frías en su periodo de mandato quien incluye en la reforma de 1999 que el estado debe impulsar la economía social, dicho concepto de economía social ya se conocía pero fue Chavez quien se atrevió a propulsar y dejar enmarcado dicho camino, el (Chavez) en su mandato propulso muchos proyectos y conformo instituciones en pro a la economía social que podemos ver que sigue impulsando el actual presidente Nicolas maduro.

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Pronto en sus bolsillos billetes de mil, 5 mil y 10 mil

Economía, 10 noviembre de 2016

Notitarde.- Mucho se ha especulado sobre la implementación del nuevo cono monetario venezolano, hace unos días, el ministro para el Comercio Exterior e Inversión Extranjera, Jesús Faría, en una entrevista por Globovisión, afirmó que “pronto habrán anuncios sobre la emisión de nuevos billetes de mayor denominación”, y desde entonces, han surgido cientos de especulaciones y conjeturas sobre el tema.

Según un artículo publicado por el diario Panorama, el Banco Central de Venezuela (BCV) prepara la impresión de tres billetes por valores de 1.000, 5.000 y 10.000 bolívares, así como la acuñación de dos monedas por valores de 500 y 2.000 bolívares respectivamente, sin descartar la circulación de un billete de 20.000 para el 2017.

En este sentido, la agencias de noticias internacional AP (The Associated Press) asegura que durante una entrevista que realizaron al presidente del Banco Central, Nelson Merentes, afirmó que a comienzos de 2016 se estaba evaluando la emisión de nuevos billetes por valores de 500 y 1.000 bolívares para ir hacia un cono monetario “más óptimo” que se adapte a la situación del país.

Según AP Merentes también indicó que se pretendía la activación “este mismo año”, pero que no se tenían establecida la fecha ni las imágenes correspondientes para los nuevos billetes.

El analista financiero, José Grasso Vecchio, advirtió para el diario Panorama la urgencia que amerita la impresión de estos billetes y sostuvo que “el billete más alto de Venezuela no puede ser el de Bs 100. Los de 5.000 y 10.000 funcionarían bien hoy, no veo planteado otros de más denominación”.

“Será un ganar-ganar. Aquí gana la banca, el comercio y el público. Un nuevo cono monetario era esperado por la economía y todos sus agentes. El billete tiene que reconocer la realidad de la economía, eso no implica que en Venezuela se deje de trabajar por el cajero número uno que es la inflación (…) Yo creo que la decisión es positiva, pero creo que también es vital seguir dándole empuje a temas como: la banca electrónica, y otros que nos lleven al menor uso de cheques y efectivo”, apuntó el experto.

Por su parte, el diputado de la Asamblea Nacional, José Guerra, sostuvo en una entrevista para El Universal que es necesario ajustar el cono monetario “a la realidad inflacionaria”, porque la impresión de un billete de 100 bolívares en la actualidad cuesta alrededor de 150 o 200 bolívares.

Fuentes cercanas al BCV aseguraron a Panorama que para finales del mes de diciembre se tiene previsto que comiencen a circular los nuevos billetes.

Análisis: El Banco Central de Venezuela pondrá en circulación seis nuevas denominaciones del cono monetario nacional a partir de mediados de diciembre próximo, afirmó a El Nacional de manera extraoficial una fuente vinculada al ente emisor. Se trata de los nuevos billetes de 500, 1.000, 2.000, 5.000, 10.000 y 20.000 bolívares que circulara en el 2017.

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