De la economía miserable a la economía social en
Venezuela
El problema hoy día en Venezuela es, en primer lugar,
político y ahí, equidistante, por efecto inmediato, económico. La evolución de
la economía en Venezuela, desde el advenimiento de la democracia representativa
(mal llamada estabilización democrática del país, lo menos que hubo fue
estabilidad), hasta el presente, donde se debate entre un modelo
socio-productivo colectivista y un modelo de producción capitalista, ha ido
acentuado la dependencia en relación con la actividad petrolera, a pesar de los
diversos esfuerzos realizados por distintos gobiernos, en esa tarea heroica de
diversificar la actividad económica e invertir el excedente del petróleo, o la
ganancia petrolera, en fortalecer otras estrategias de negocio. La economía
venezolana ha mantenido su carácter monoproductor, aunque en los últimos años
se ha desarrollado, progresivamente, coqueteos e iniciativas pr el sector
industrial y, en menor medida, el sector agrícola, con todo el potencial que evidentemente
se tiene en este rubro.
Desde la caída de la experiencia autoritaria del
General Marco Pérez Jiménez, en 1958, se intentó reorientar a la economía hacia
un proceso de industrialización sustitutiva de importaciones; el esfuerzo
arrojó, de 1958 a 1973, que el Producto territorial bruto (PTB), creciera en un
promedio anual de 5,4%, consecuencia del relativo estancamiento de los ingresos
por exportaciones, los cuales se mantuvieron en unos US $ 2.550.000.000, en
virtud de la debilidad del mercado petrolero mundial; en éste período, la
economía del país continuó descansando en la explotación de sus recursos
naturales (petróleo y hierro), que generaba, en 1973, un 23,2% del PTB, un 70%
de los ingresos ordinarios del Estado y un 93% de los ingresos por exportación.
La “Ley de Reforma Agraria”, promulgada en 1960, cuya aplicación nunca se dio
formalmente y no se alcanzó impulsar un crecimiento dinámico del sector
agrícola, apenas fue del 6% del producto territorial bruto, hice evidente
grandes debilidades en el Estado en cuanto al trabajo de promoción y venta del
incentivo agrícola para sumar al sector productivo nacional.
La década del setenta aceleró el proceso de
urbanización de la población, llegando a un 75% del total, y para 1972, el
sector primario de la economía empleaba un 20% de la población activa, el
secundario un 28% y el terciario el 52% restante. Fue un período que sentó las
bases de una renovada modernización del país, y se reanudó el sector público y
sus intentos de participación en la actividad productiva, principalmente a
través de SIDOR, de la Corporación Venezolana del Petróleo y de la industria
petroquímica en sus plantas de Morón y El Tablazo; pero ello, sin embargo,
tomando de referencia la estructura del gasto público, había alcanzado un 74%
para 1973 y que, aunque aumentó en términos absolutos, el gasto de inversión
por parte del sector público se mantuvo en tan solamente un 30% del total, lo
que significaba muy poco para impulsar un cambio en las reglas del juego
económico rentista. Ya para finales de 1973, y como efecto de la recién creada
Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP), donde Venezuela jugó
papel estelar, se da el “boom” petrolero que no fue otra cosa que el
sinceramiento de los precios del petróleo y el manejo de estrategias comunes
para mantener precios competitivos en el mercado internacional. Aumentaron los
precios mundiales del barril petrolero, y creándose una burbuja de confort que
en vez de alimentar proyectos de sustitución de productos de exportación, se
alimentó las arcas personalísimas de los grandes corruptos del país y se
comenzó a articular una economía miserable, liberal y de francos vicios en la
administración pública nacional.
Se llegaría a la década de los ochenta del siglo XX,
con un Presidente Social-demócrata que dijo en 1979, que recibía un “país
hipotecado”, pero fue incapaz de solucionar esa realidad y alimentó y aumentó
esa hipoteca, al punto que para 1983, tuvo de que devaluar la modera (viernes
negro) y con ello inaugurar el tiempo de las “vacas flacas”. El alza del
petróleo ayudó a mantener vivas las esperanzas de mejorar la economía, dando
lugar a una expansión considerable y sostenida del ingreso fiscal en Venezuela,
así como permitiendo la reducción de la producción de crudo en un 40%; la
expansión fiscal, entre 1973 y 1982, fue del orden de 600%, parte de ese
ingreso fue ahorrado a través del Fondo de Inversiones de Venezuela, pero la
mayor parte fue gastada, ocasionándose así una expansión acelerada de las
magnitudes económicas, financieras y monetarias, y también el resurgimiento de
presiones inflacionarias.
El efecto esperado, a todas estas, de la
nacionalización de la industria petrolera, 1974 y 1975, donde se decretó que la
reserva al Estado de la industria petrolera y de la minería de hierro, hasta
entonces explotadas por capital extranjero, sería explotada por el Estado, no
dio sus frutos esperados. Dio dinero, pero la distribución de ese dinero no
llegó a mejorar las condiciones de vida de los venezolanos. Ni las
expropiaciones de los activos reales de las compañías concesionarias en el
país, lograron mejorar las condiciones laborales del sector petrolero que,
gracias al imperio de las leyes que le dio operatividad ilimitada, terminó por
ser un Estado dentro de otro Estado, sin posibilidades de utilizar los
excedentes en políticas sociales fundamentales, la industria petrolera lo
invirtió en su burocracia y generó una generación de pequeños burgueses,
privilegiados y dogmatizados por el capital extranjero de los países
desarrollados. La explotación de hidrocarburos en todas sus fases, desde la
exploración hasta la venta de crudos y productos en los mercados interno e
internacional, pasó a ser potestad exclusiva de un grupo de tecnócratas del
Estado, que la realiza a través de un conjunto de empresas operadoras con una
casa matriz denominada Petróleos de Venezuela S.A. (PDVSA). Las ex concesionarias
mantuvieron, por algún tiempo, su vinculación con la actividad petrolera
venezolana mediante convenios de comercialización internacional y de
suministros tecnológicos, los cuales se modificaron paulatinamente para reducir
la dependencia con respecto a aquéllas, y desarrollar con autonomía las
operaciones convencionales así como las de investigación tecnológica; el fin
del “boom” petrolero llegó hasta finales de la década de los ochenta y encontró
su máximo esplendor en el despilfarro y la corrupción, que llevaron al
Gobierno, segundo Gobierno de Carlos Andrés Pérez, al fatídico 27 y 28 de
febrero de 1989, cuando el aumento de los precios del pasaje urbano en Caracas,
implosionó en una manifestación espontánea que terminó en saqueos y violencia y
miles y miles de muertos y desaparecidos. Estos hechos marcaron el surgimiento
de movimientos políticos en los cuarteles y en los sectores radicales de la
sociedad civil, que luego tendrían su escenario en el 4 de febrero y 27 de
noviembre de 1992.
Es importante destacar que el mercado interno de
hidrocarburos estuvo ampliándose durante los años de crisis económica, porque
lo que había era despilfarro no malos negocios; el mercado estaba fulgurante,
la inversión era la que no llegaba, no había espacio para invertir en el
pueblo, en su educación, en su salud en brindarle estabilidad y calidad de
vida. El dinero robado y malgastado por la tecno burocracia tuvo que ser
restituido por los préstamos al Fondo Monetario Internacional, el cual, a
cambio, exigía la aplicación de sendos programas de ajuste que no iban en
consonancia con la idiosincrasia y la necesidad local del pueblo. No obstante,
el ingreso petrolero nacional mostró aumentos significativos y la actividad de
la económica interna se mantuvo, aunque notablemente débil; la rama más
deprimida fue la de la construcción, lo que afectó desfavorablemente a otras
ramas vinculadas con ésta.
Si algo se debe destacar de la etapa comprendida entre
1989 y 1993, es que se dieron cambios importantes en la política económica
oficial, en el sentido de la promoción de una economía liberal de mercado: se
liberan los mercados de divisas, bienes, dinero y factores productivos; el
Gobierno suprime numerosos controles y mecanismos de regulación e intervención
en la actividad económica, reduce subsidios, implanta un programa de reducción
arancelaria aduanera, se decide la privatización de empresas del Estado, con la
excepción de las consideradas básicas y estratégicas, como la del petróleo y la
electrificación del Caroní; todo esto se orienta al desarrollo de las fuerzas
económicas privadas con la menor intervención oficial, buscando disminuir la
ingerencia del Estado en la economía y creando una figura de Estado Gerente que
complaciera los programas de avance del Fondo Monetario Internacional. Se quiso
fortalecer la balanza de pagos y las reservas monetarias del país, así como
también para propiciar un nuevo refinanciamiento de la deuda externa con los
acreedores, comprometiendo al Gobierno, con una carta de intención, a efectuar
las medidas necesarias para el ajuste macroeconómico, la estabilización
monetaria cambiaria y de precios y la conversión de la economía mixta o
intervenida en una economía abierta del mercado. Es decir, un modelo de
avanzada en un mundo global en franca expansión. ¿Y cuál era la realidad del
pueblo venezolano? Su pérdida de poder adquisitivo y su exclusión de las
políticas públicas como principal referente de atención.
En un sentido particular, y producto también de los
movimientos sociales nacidos del 27 y 28 de febrero de 1989, el liderazgo de
Rafael Caldera se fortalece y viene de nuevo a regentar el erario público entre
1994-1999. Este período estuvo marcado por la existencia de una difícil
situación económica, que se agravó por la crisis bancaria originando quiebra de
varias instituciones financieras, todo en medio de esa delicada situación
económica. El gobierno buscó adoptar programas sociales para tratar de aliviar
un poco la situación de pobreza extrema en la que ya se encontraban amplios
sectores de la población, pero la corrupción siguió consumiendo los trapos
tibios y la esperanza de éxito quedó en un tratado de buenas intenciones que se
conoció como la “Agenda Venezuela”, plan económico que contó con el aval del
Fondo Monetario Internacional, pero cuya aplicación aceleró el rompimiento
institucional de la democracia representativa con sus partidos políticos y
todo. Es importante destacar que la “Agenda Venezuela” reflejaba un plan de
privatizaciones en todos los sectores productivos del país, se planeó
privatizar SIDOR y otras empresas básicas, aunque en la práctica se pudo
solamente llevar adelante la venta de VENALUM, que fue adquirida por un
importante consorcio empresarial extranjero, y PDVSA aceleró el proceso de
apertura petrolera, que tenía como objetivo primordial, la búsqueda de nuevos
capitales para llevar a cabo un vasto programa de inversiones.
Todo este escenario, y el discurso del Teniente
Coronel del 4 de febrero de 1992, Hugo Chávez, trajo consigo su llegada al
Poder en las elecciones de 1998, y con él un cambio profundo en las relaciones
económicas de Venezuela con las políticas de reajuste económico del Fondo
Monetario Internacional. El anterior modelo económico heredado, producto de
prácticas viciadas como la especulación y devaluación monetaria, conllevó a la
escasez, desabastecimiento, inflación galopante, dependencia económica exterior
excesiva y pérdida de poder adquisitivo en la población.
El nuevo modelo económico presentado por Hugo Chávez,
rompió con las políticas neoliberales, e inició un proceso de reconquista del
sector productivo nacional (puede decirse que se invirtió buena parte del
excedente petrolero), y el fortalecimiento del Estado haciéndolo más
interventor del sector económico y propiciando una economía de producción
social, donde la distribución equitativa de los recursos económicos (traducidos
en bienes y servicios), se ha vuelto una política de Estado que sustituye el
interés de lo económico-financiero, por una política social activa.
Las fallas de los últimos diecisiete años, ha estado
en tres situaciones puntuales: el gran costo que enfrentó el Gobierno de turno
para reconquistar los espacios productivos privatizados por la “Agenda
Venezuela”; la confrontación política entre oposición y grupo político ostentador
del Poder, que causó grandes daños a la economía nacional; y la baja de los
precios del petróleo (de $ 100 a $ 24, en el último registro). Estas tres
realidades hoy por hoy han bloqueado la articulación de una economía social
productiva y tiene en franco vilo las posibilidades de levantar la brecha de
una economía sin reglas de juego claras, sin inversión foránea que la
fortalezca, minimizando día a día la capacidad de respuesta de un Gobierno que
necesita abolir la corrupción, neutralizar la barbarie (bachaqueo,
delincuencia, grupos violentos, entre otros), e imponer el imperio de la Ley
para sanear la vida política nacional.
En concreto, tomando palabras del nuevo ministro de
Economía Productiva, Luis Salas, el Gobierno está interesado en restablecer la normalidad
en la distribución de productos: “Nos interesa muchísimo restablecer la
normalidad y estamos dispuestos a reunirnos y trabajar con quien haya que
trabajar para eso…La economía productiva pasa por democratizar la producción,
agregar más actores a nivel de la producción, comercialización y distribución
porque eso es lo que ayudará a dar soluciones estructurales”. Hoy día la
preocupación del Gobierno es cómo acercar a los consumidores con los
productores, lo cual pasa por reducir en muchos casos ciertas distorsiones de
la cadena de distribución que tienen un efecto muy importante sobre la
distorsión en precios. El ministro sentencia: “Estamos actuando
coordinadamente, de hecho, hay una propuesta para que los compañeros de la
economía popular formen parte de la Vicepresidencia…Hemos acordado mecanismos
para trabajar conjuntamente con todos los sectores por el bien del país”.
Vele leer un fragmento de un artículo de Luis Vicente
León, escrito en abril del 2015, donde él dice: “Analizar hoy en día la economía
venezolana resulta particularmente complejo, no sólo por la falta de
información oficial -el Banco Central de Venezuela y otros organismos públicos
mantienen su postura de ocultar la data como si eso eliminara el hecho concreto
de que el país tiene la inflación más alta del mundo y la escasez es penosa
comparándonos incluso con los países más pobres de la región-,sino porque nos
encontramos bajo las fuerzas de un modelo controlador, cuyas políticas y
acciones en los diferentes ámbitos responden principalmente a intereses
políticos o particulares, en lugar de estar regidas por la lógica y la
racionalidad económica…” Parto de la idea de que es necesario mostrar las
cifras, sean cual sean, no podemos ofertar un modelo sino sinceramos los datos
que nos indican que estamos en crisis, estamos en inflación y nos proyectamos
hacia condiciones que empeoraran la calidad de vida de los ciudadanos. No se
trata de dar cifras para satisfacer exigencias neoliberales, se trata de
confrontar, con la realidad, el impacto que esas cifras tienen y la respuesta
del pueblo a las inmensas dificultades por las cuales les ha tocado transitar
en la economía doméstica interna.
La tarea de la revolución es escuchar, revisar,
rectificar y reimpulsar, repolitizando la sociedad y acabando con los vicios
que corrompen el modelo anhelado del proceso revolucionario que es de una
sociedad igualitaria, autogestionada e independiente de cualquier acción o
interés de los grupos transnacionales del capitalismo global. Apostamos a una
economía socialista en un contexto capitalista, interactuando con las reglas de
juego del mercado, pero priorizando en invertir en la gente y no en los grupos
de poder que se creen dueños del capital. El Estado debe ser fuerte, con el
control total del capital para distribuirlo igualitariamente y brindar la
satisfacción de las necesidades básicas del pueblo, pero no se puede hacer eso
sin un plan que fortalezca la inversión y la multiplicación de ese capital,
debemos enseñar a pescar y coadyuvar a que esa habilidad aprendida se
transforme en pequeñas cooperativas de producción social. ¡Si se puede!
Voluntad política es lo que necesitamos. Venimos de la economía miserable del
neoliberalismo, en cuya influencia aún nadamos, pasando por la miseria de la
economía global que nos juzga, encaminados a la economía de producción social
que nos salvará.
Ramón Eduardo Azócar Añez
azocarramon1968@gmail.com
Análisis: Venezuela que históricamente ha pasado por diferentes
modelos socio-económico los cuales no han alcanzado aun la estabilidad que
busca el país. Venezuela aun muy dependiente de la renta petrolera la cual
genero el abandono de otros actividades productivas del país como lo son la
agricultura y la pesca ha sufrido la llamada economía global de la que nadie se
escapa, es cuando se ve la necesidad de una nueva economía que incluye a la
sociedad en función apartando la economía capitalista que tanto daño le ha hecho
al país históricamente en este sentido es el ex presidente Hugo Chavez Frías en
su periodo de mandato quien incluye en la reforma de 1999 que el estado debe
impulsar la economía social, dicho concepto de economía social ya se conocía
pero fue Chavez quien se atrevió a propulsar y dejar enmarcado dicho camino, el
(Chavez) en su mandato propulso muchos proyectos y conformo instituciones en
pro a la economía social que podemos ver que sigue impulsando el actual
presidente Nicolas maduro.
Fuente
